Los clubes náuticos españoles piden al Gobierno que reduzca la presión fiscal "excesiva e injustificada"
La Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA) convocó el pasado sábado una reunión en el Real Club Náutico de Valencia para analizar la situación actual de los náuticos ubicados en puertos de interés general y buscar soluciones comunes a la problemática que afecta a estas entidades sin ánimo de lucro, esenciales en el desarrollo de la náutica recreativa y deportiva en nuestro país.
La conclusión principal del encuentro fue que la náutica deportiva, considerada estratégica en la mayoría de comunidades autónomas ribereñas, está sometida a una presión fiscal excesiva e injustificada, lo que no sólo afecta a la competitividad española en el ámbito mediterráneo del turismo náutico, sino que pone en peligro la propia supervivencia de los clubes y, por tanto, de la labor deportiva y social que éstos han venido llevando a cabo históricamente “sin coste alguno para la administración”.
La CEACNA, que agrupa a las principales asociaciones de clubes de España, recuerda que el Gobierno aumentó recientemente en un 120% la tasa de embarcaciones recreativas (conocida como T0), cuya existencia carecía de fundamento antes incluso de la subida. En opinión de los clubes, se trata de un “impuesto encubierto” que debería ser derogado, puesto que no se justifica, como pretende el Gobierno, ni por el mantenimiento de los faros ni por la financiación de la Sociedad Estatal de Salvamento, un servicio que “se paga” cada vez que hay un rescate y que por su naturaleza “debería ser sufragado con cargo a los presupuestos del Estado y no por el conjunto de los navegantes”.
Los clubes náuticos y otros puertos deportivos han podido comprobar en los últimos años cómo la T0 y otras tasas restan competitividad al sector del turismo náutico. Los navegantes de recreo, recuerda la CEACNA, tienen mucha movilidad y conocen la relación entre calidad y precio que ofrecen los diferentes destinos. España es líder en servicios y sus clubes están entre los mejor valorados, pero la presión fiscal ha ido provocando un paulatino incremento de los precios que podría dar al traste con muchos años de duro trabajo y acumulación de experiencia. “No es de recibo que el Estado se convierta en el principal impedimento para el crecimiento de un sector que tiene futuro, es sostenible y crea puestos de trabajo”.
Esta posición de los clubes se hace extensible a la política que el organismo Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) ha puesto en práctica hasta la fecha a la hora de renovar las concesiones portuarias, otorgando a los clubes náuticos la misma consideración que a las marinas privadas. Nadie ignora, ni siquiera el Gobierno, que los clubes náuticos son los principales impulsores de los deportes del mar y que esta aportación social tiene un coste; de ahí que no se entienda no ya la falta de reconocimiento, sino la clara insensibilidad que las sucesivas leyes de puertos del Estado han tenido por esta labor de los náuticos y marítimos de España, entidades pioneras en su sector, democráticas en su funcionamiento y carentes de ánimo de lucro.
La CEACNA, así como las diferentes asociaciones autonómicas que la componen, verían con buenos ojos que la modificación de la Ley de Puertos abogará, como ha hecho la Ley de Costas, por la renovación de las concesiones en vigor, pero advierte de que esta medida no debe significar un incremento “desmesurado y por consiguiente inasumible” de los cánones de ocupación del espacio público. Sería una gran error, subraya la CEACNA, que Puertos del Estado aprovechara esta tesitura para “sangrar” a los concesionarios e impidiera con ello la continuidad del deporte náutico, limitando el acceso al mar de las economías medias.
Por otro lado, la CEACNA mantuvo el pasado 22 de mayo en Madrid un reunión con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, en la que se solicitó la apertura de un debate sobre las alegaciones a la nueva Ley de Costas presentadas por los clubes náuticos, las cuales están relacionadas con el plazo de las concesiones, su otorgamiento y su consideración temporal.